El potencial minero de Centroamérica se está expandiendo tras la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador de una ley para permitir la exploración y explotación minera y ante una iniciativa del Gobierno de Costa Rica para legalizar la minería a cielo abierto.

En 2022, la ONG Observatorio de Industrias Extractivas, con el respaldo de Oxfam, publicó un perfil de la industria y su cartografía extractiva en la región, que incluyó entonces a Guatemala, Honduras y Nicaragua. (Puede descargarlo en la sección Documentos en la parte superior derecha de la pantalla).

“Ahora, al final del 2024, el mapa está cambiando. El Salvador y Costa Rica están abriendo las puertas a la minería formal, para el beneficio de su gente. ¿Queremos que lo que se ve venir en El Salvador se repita en toda la región? Yo sí quiero… significa empleos, desarrollo y riqueza”, dijo Adrián Juárez, CEO de la consultora CTA, en su cuenta en Linkedin.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, son los impulsores detrás de esta expansión del mapa minero centroamericano y ambos han abogado por la necesidad de aprovechar los recursos nacionales en pro del desarrollo económico y social.

No obstante, los mandatarios no han estado exentos de críticas de grupo defensores del medioambiente, especialmente en El Salvador, donde la mayoría oficialista del Congreso dio luz verde el lunes a la Ley General de Minería Metálica, que deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de marzo de 2017, en medio de protestas.

El preámbulo de la nueva ley señala que “ante la situación económica global, los intereses soberanos y la necesidad de realizar todas las actividades productivas disponibles para potenciar el desarrollo del país, resulta imperante que el Estado haga un uso racional de las riquezas con las que cuenta su territorio y las ponga en función de mejorar la calidad de vida de la población en general, respetando el medioambiente”.

En su articulado establece que será el Estado "el único autorizado para explotar, atraer y procesar" dichas riquezas y podrá hacerlo a través de “instituciones específicamente creadas” para ello o de “sociedades en las que tenga participación accionaria”, informó BBC.

Por lo tanto, no se requerirá que la Asamblea otorgue una concesión de explotación a tales entidades, ya que solo los privados que participen necesitarán autorizaciones.

La nueva legislación prohíbe, además, el uso de mercurio, utilizado en la pequeña minería para extraer oro de rocas, arena u otros materiales.

A inicios de este mes, Bukele aseguró que los yacimientos potenciales de oro en El Salvador podrían superar un valor total de US$3.000 millones — “más del 8.800% de nuestro PIB”—, pero no respaldó tal afirmación con datos, ni fuentes, por lo que algunos pensaron que pudo tratarse de un error o que el mandatario estaría exagerando.

No obstante las dudas respecto al potencial aurífero salvadoreño, Pedro Cabezas, el coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), reconoció en una nota de la BBC este lunes que en el país hay oro.

El medio británico citó que la presencia mineral también lo confirma el “Mapa metalogenético de América Central y El Caribe” publicado en 2020 por la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), una organización sin ánimo de lucro formada por los servicios geológicos de Latinoamérica, España y Portugal que tiene como misión contribuir al desarrollo socioeconómico de sus países miembros.

Antes de la prohibición de la minería metálica en la primera década de 2000, El Salvador extendió 28 concesiones de exploración en toda la zona norte del país, y solo una de las adjudicatarias, la transnacional Pacific Rim, llegó a solicitar un permiso ambiental y una concesión para extraer y procesar mineral en 2004.

El permiso le fue denegado, por lo que la minera interpuso una demanda de arbitraje que El Salvador terminó ganando en 2016.

Se trata del proyecto de oro El Dorado en Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas. CTA fue una de las consultoras que colaboraron para obtener los permisos ambientales del proyecto, junto con Vector Colorado (ahora Tierra Group International) y otros dos participantes mencionados por Juárez.

El ejecutivo precisó que El Dorado fue inicialmente denegado por el partido Arena, que decía representar a los empresarios y aspiraba a llegar a la Presidencia con el apoyo de los votantes proambientalistas.

Agregó que una operación subterránea con una planta de lixiviación dinámica y un depósito de relaves húmedos podría generar 1,2 millones de onzas (Moz) de oro y 7Moz de plata. “El estudio de impacto ambiental fue preparado con los estándares vigentes en esa época, y con un proceso de participación pública muy extenso”, señaló Juárez.

La empresa con sede en Vancouver OceanaGold obtuvo El Dorado en noviembre de 2013 mediante la adquisición de Pacific Rim. El proyecto aún estaba en etapa de exploración tras el cierre del yacimiento subterráneo en 1953.

En su página en internet, OceanaGold señala que en 2019 finalizó la venta de las propiedades en El Dorado y que proporcionará actualizaciones periódicas adicionales a medida que avance con la liquidación y disolución de sus activos en el país.

“El cumplimiento transparente y responsable de las leyes y regulaciones locales, en los países anfitriones, es fundamental en la manera de hacer negocios por parte de OceanaGold. En este contexto, respetamos y reconocemos la decisión del Gobierno de El Salvador con respecto a la minería”, señaló OceanaGold y agregó que, en este sentido, “no tiene planes de continuar invirtiendo en El Salvador.”

BNamericas consultó a la minera si estaría interesada en reactivar el proyecto El Dorado tras eliminarse la prohibición de la minería en la Asamblea Legislativa y con una mejor actitud del gobierno hacia la actividad, pero no respondió de inmediato.

COSTA RICA

A finales de noviembre, el presidente Chaves anunció que su administración pretende legalizar la minería a cielo abierto, lo que revertirá una prohibición promulgada hace 14 años en este país reconocido mundialmente por sus iniciativas de conservación ambiental y ecoturismo.

En una conferencia de prensa en San José, el mandatario anunció que el Ejecutivo había presentado el proyecto de ley 24.777 a la Asamblea Nacional para levantar la prohibición y explotar una mina de oro en el norte del país.

El yacimiento se encuentra en Crucitas, localidad situada unos 200km al norte de la capital, cerca de la frontera con Nicaragua.

La propuesta busca modificar la ley minera mediante una excepción exclusiva para este yacimiento, que podría ser concesionado vía subasta a uno o varios oferentes con una regalía mínima de 5% para el Estado. Las empresas sancionadas en materia ambiental quedarían excluidas de participar.

Entretanto, Panamá declaró a fines de 2023 una moratoria minera tras suspender las operaciones de la emblemática mina Cobre Panamá, de First Quantum Minerals, luego de que la Corte Suprema declarara su contrato renegociado como inconstitucional y en medio de masivas protestas en el país.

Se espera que el gobierno de José Raúl Mulino retome el tema “responsablemente” en 2025, tras culminar una auditoría.