La Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su preocupación por una propuesta de la Secretaría de Hacienda (SHCP) que sube impuestos como parte del presupuesto 2025, medida que pondría en riesgo más de US$6.900 millones en inversión en nuevos proyectos en los próximos dos años.

La Camimex dijo a BNamericas en una comunicación electrónica que la propuesta de elevar los denominados derechos especial y extraordinario de 7,5% a 8,5% y de 0,5% a 1%, respectivamente, aunada a la falta de permisos y a las graves restricciones a la exploración de los últimos años, traerán profundas repercusiones.

“Tendría un impacto en un sector que ya ha visto reducidas sus aportaciones e inversiones debido a la parálisis ocasionada por la falta de nuevas concesiones, la sobrerregulación y las amenazas de un cambio en el régimen legal”, agregó la cámara.

La asociación señaló que, con una carga fiscal total de 52,68%, México ya se encuentra en desventaja frente a competidores como Chile, Perú y Canadá. “Este nuevo incremento agravaría la falta de incentivos a la exploración, la cual ha caído ya en un 50% desde la reforma fiscal de 2014, y profundizaría la incertidumbre jurídica, haciendo que nuestro país pierda atractivo como destino de inversión”.

En los últimos años, el dinamismo del sector ha venido decayendo. Según datos de 2023 de Camimex, el valor de la producción minera se contrajo en 17,6%, lo que influyó en una reducción de los aportes fiscales, que bajaron de manera proporcional.

“Las aportaciones fiscales del sector minero desde la reforma fiscal de 2014 fueron de 363.000 millones de pesos [US$17.700 miillones], cifra que representó 4,1 veces el presupuesto del AIFA [Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles]”, señaló Camimex.

La industria minera de México contribuye con un 8,63% del PIB industrial, genera 416.875 empleos directos y 2,6 millones de empleos indirectos. Además, ofrece remuneraciones que son 245% superiores al salario mínimo, según datos de la cámara basados en cifras oficiales.

“Un aumento fiscal en estas condiciones no solo impactaría la competitividad de la industria, la cual ya se ubica en el lugar 74 de 86 países evaluados por el índice del Instituto Fraser, la calificación más baja que se ha registrado históricamente, sino que además pondría en riesgo el bienestar de miles de comunidades y de los actores que participan en las cadenas de valor relacionadas”, agregó la organización.

Las empresas afiliadas a Camimex también han invertido en programas sociales, ambientales y educativos que benefician a 696 comunidades. “El sector minero responsable y consciente está comprometido con el país y con la prosperidad compartida, reiteramos nuestra entera disposición de trabajar en conjunto con las autoridades para encontrar soluciones que fortalezcan al sector minero y continúen generando beneficios para el país”.

Adicionalmente a esta propuesta tributaria, el Congreso tiene previsto debatir una iniciativa de reforma legal que busca prohibir la minería a cielo abierto en México, la cual fue aprobada por la comisión de puntos constitucionales a mediados de agosto, antes de que asumiera la nueva legislatura, que cuenta con mayoría calificada en ambas cámaras.

La Camimex ha advertido que esta prohibición implicaría la destrucción de un sector estratégico para la economía y pondría en riesgo más de US$3.900 millones en inversiones y más de 40.000 millones de pesos en ingresos fiscales.