La Secretaría de Economía de México y la asociación de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos AIMMGM acordaron establecer un esquema conjunto de colaboración para abordar distintos tópicos de interés para la minería local, informó el gremio.

El anuncio se efectuó en medio de las expectativas de que la nueva administración, de la presidenta Claudia Sheinbaum, tome una postura menos restrictiva ante la actividad que la de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo se logró la semana pasada, tras una reunión del presidente de la AIMMGM, Rubén del Pozo, con funcionarios de la Secretaría de Economía encargados del sector. En la minería ha prevalecido la política de congelamiento en la entrega de nuevas concesiones y la lentitud en la aprobación de permisos ambientales desde finales de 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia.

Del Pozo comentó que la reunión representa una oportunidad de diálogo con la administración federal, adicional a la iniciada con representantes del Poder Legislativo. Según un comunicado del gremio, el objetivo es colaborar de manera conjunta para aumentar los beneficios y contribución de la industria minero-metalúrgica, que en México ofrece empleos directos e indirectos a más de 3 millones de personas.

En el encuentro también se revisaron temas que preocupan al sector minero, entre los que destaca la iniciativa legislativa para prohibir la minería a cielo abierto, que está próxima a debatirse en ambas cámaras parlamentarias tras su aprobación en la comisión de puntos constitucionales en agosto, antes de que asumiera la actual legislatura.

En la reunión participaron el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, Fernando José Aboitiz; la directora general de Desarrollo Minero, Luz Hiram Laguna; y el director general de Minas, José Castro, según la AIMMGM.

BNamericas contactó a un portavoz de la cámara minera Camimex para constatar si había ocurrido alguna reunión similar de la agrupación con las nuevas autoridades, pero no pudo responder de inmediato.

A inicios de septiembre, su nuevo presidente, Pedro Rivero, señaló que veía cierta apertura de las autoridades mexicanas, sobre todo de la nueva legislatura, para debatir y reconsiderar la prohibición de la minería a cielo abierto, una de las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el Ejecutivo que, de ser aprobada, comprometería aún más el futuro de la industria.

“Ahorita creo que lo más importante es estar tranquilos”, dijo en ese entonces Rivero en un evento del sector. “Yo veo apertura de las autoridades de buscar un terreno común y de los legisladores de escuchar”.

La Camimex estima que, de aprobarse en su forma actual, la reforma se traduciría en una contracción económica anual de US$13.000 millones, equivalente a cerca del 1% del PIB.

La cámara señaló además que el papel de México como productor de nueve minerales críticos de transición energética para la región de América del Norte se vería restringido, ya que tanto Estados Unidos como Canadá permiten la minería a cielo abierto, aunque con regulaciones.

A pesar del próximo debate de la reforma, la prohibición sobre este tipo de minería no fue incluido en una lista de 100 promesas delineadas por Sheinbaum cuando asumió la presidencia el 1 de octubre, lo que podría ser una buena noticia para el sector minero nacional.

José Sevilla-Macip, analista de investigación sénior de S&P Global Market Intelligence, dijo que no está seguro de que ella esté dispuesta a luchar por esa causa en este momento.

Si la prohibición sigue adelante dependerá, en parte, del partido oficialista Morena y de si sus miembros hacen de la ley una prioridad, señaló recientemente Sevilla-Macip en una publicación de la agencia.