La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) reafirmó el martes, durante la ceremonia de investidura de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su apuesta por un diálogo abierto y constructivo con el nuevo gobierno para abordar los desafíos y oportunidades del sector.

“Confiamos en un diálogo abierto y constructivo con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no solo para abordar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector minero, sino también el papel de la industria en el marco de una visión integral de país”, dijo en un comunicado el titular de la AIMMGM, Rubén del Pozo Mendoza, en representación de los más de 3.000 técnicos y profesionales afiliados.

“Los especialistas en áreas vinculados con las ciencias de la Tierra, asociados a la AIMMGM, reafirmamos nuestro compromiso de aportar experiencia y conocimiento para seguir practicando una minería comprometida con el cuidado y preservación del medioambiente, bajo estrictos controles de seguridad y salud en el trabajo”, agregó.

Científica de profesión, Sheinbaum asumió el cargo a la medianoche del 1 de octubre tras la aplastante victoria obtenida como abanderada del partido oficialista Morena. Por eso, se espera que dé continuidad a muchas de las políticas del izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

La política de congelar el otorgamiento de concesiones, que ha prevalecido desde que AMLO llegó a la presidencia a fines de 2018 —aunada a la ralentización del trámite de permisos, principalmente ambientales—, continúa afectando el desempeño de la industria minera.

El Congreso debate actualmente una iniciativa de ley presentada por López Obrador para prohibir la minería a cielo abierto, que pone en riesgo casi el 60% del valor de la producción minera y metalúrgica del país.

Del Pozo recordó que la industria minero-metalúrgica es un pilar esencial para el bienestar de al menos 690 comunidades y 3 millones de familias que dependen directa e indirectamente de esta actividad, que representa el primer eslabón de más de 70 sectores productivos en México.

“Estamos seguros de que, en coordinación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, podremos seguir contribuyendo en la construcción de un México más próspero e incluyente que tenga como base el desarrollo sostenible de la industria minero-metalúrgica, que mantiene posicionado a México como el líder mundial de plata y entre los primeros lugares en la producción de 16 minerales más”, indicó el presidente de AIMMGM.

Además, refrendó el compromiso de AIMMGM de seguir impulsando avances en investigación y adopción de nuevas tecnologías, con miras a mejorar la eficiencia y reducir la huella ambiental de la minería.

Por su parte, la cámara minera Camimex, conjuntamente con los organismos de representación de profesionales y proveedores del sector minero, extendieron su “sincera felicitación” a Sheinbaum.

“Nos honra coincidir con su visión de mitigar el cambio climático e impulsar la transición energética como una prioridad para el país. Las empresas productoras de minerales proveemos los insumos para las tecnologías limpias”, indicó Camimex en un comunicado.

“Como representantes de este sector, los mineros responsables en México nos comprometemos a convertirnos en un aliado esencial de su administración para avanzar hacia un país más sostenible. Confiamos en que, bajo su liderazgo, nuestro país continuará en el camino hacia la prosperidad y desarrollo en beneficio de todos los mexicanos”.

A inicios de septiembre, Pedro Rivero, nuevo presidente de Camimex, declaró en un evento que cree que las autoridades mexicanas, especialmente los legisladores recién instalados, mostrarán disposición a reconsiderar la propuesta de prohibición a la minería a cielo abierto.

El hecho de que ninguna de las cámaras del Congreso haya debatido en el pleno la iniciativa antes del cambio de gobierno indica que podría no prosperar, al menos en su versión actual. La propuesta fue aprobada por la comisión constitucional de la Cámara de Diputados en agosto.