Prohibir la minería a cielo abierto como se pretende con la iniciativa de reforma constitucional es un grave riesgo para la economía del país, aseguró la Cámara Minera de México (Camimex).

“De ser aprobada en ambas Cámaras, tendrá consecuencias devastadoras para el desarrollo y estabilidad económica de México. Esta acción limitaría la capacidad de nuestro país para transformar sus recursos naturales en oportunidades de desarrollo e impulsar la transición hacia energías limpias, elevando costos y afectando la competitividad”, expuso el organismo en un comunicado.

Destacó que los minerales mexicanos son esenciales en más de 70 industrias, como la electromovilidad, automotriz, siderúrgica, construcción, química, médica, entre otras.

El organismo que aglutina a las compañías mineras más grandes del país destacó que el 60 por ciento del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de minas a cielo abierto.

La Camimex aseguró que sus miembros operan con estrictos estándares en materia ambiental siempre en búsqueda de la mejora continua.

Detalló que de continuar con la reforma en su forma actual, con el tiempo existen los graves riesgos de perder más de un millón de empleos formales, tener un impacto en los índices de desarrollo de más de 690 comunidades mineras rurales, y comprometer más de 30 mil millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el erario público federal.

Además, destacó una posible contracción económica por 250 mil millones de pesos anuales –1 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional–, se eliminaría la condición de México como productor de minerales, convirtiéndolo en importador. Estas importaciones crecerían en 132 por ciento provocando un déficit en la balanza comercial de 93 mil millones de pesos.

También se restringiría el papel de México como productor de nueve minerales críticos para la región de Norteamérica dentro del marco de la transición energética. Además de que Estados Unidos y Canadá permiten y regulan la minería a cielo abierto.

Del mismo modo, se desalentaría la minería formal y persistirían las operaciones mineras informales, que carecen de estándares de seguridad y medioambientales.

“La minería a cielo abierto no debe prohibirse, sino fomentarse para consolidar la posición de México como productor de minerales esenciales. Es una actividad seria que se practica en el mundo, operar de forma responsable y segura es deber de todos los grupos de interés. No se debe penalizar a la industria responsable, ni limitar la competitividad del país”, enfatizó.